EAJ - PNV

Hace 15 días interpelamos al lehendakari sobre la situación en la que se hallaba el expediente para la contratación de un contrato privado, que conlleva la venta a un particular de 3.000 viviendas de protección oficial y de suelos, en ambos casos, de titularidad de laCAV. Le preguntábamos sobre una serie de cuestiones que componen y rodean este contrato, y que podemos resumirlas en las siguientes.

Ante esta interpelación, el señor lehendakari, se colocó detrás del burladero, que le ofrece la legislación sectorial y fue el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes el que nos contestó siquiera parcialmente alguna de esas cuestiones.

El señor Arriola nos dijo que la actuación es perfectamente legal, y que además se realiza en aplicación de las recomendaciones de este Parlamento sobre la potenciación de la política de alquiler de vivienda realizando, a juicio nuestro, interpretación libre de la voluntad de este Parlamento. Nos decía respecto a la necesaria autorización parlamentaria sirve para dar cobertura a este contrato.

Por el contrario, nosotros entendemos que, en primer lugar, lo que hace es que viene a reconocer que la razón nos asiste, cuando decimos que se necesitaba y se necesita una autorización parlamentaria, puesto que si el expediente estuviese correctamente tramitado como se nos ha indicado, sobraría la introducción de esta disposición en la Ley de Presupuestos para el año 2012.

Y, en segundo lugar, entendemos que no es suficiente para dar cumplimiento al mandato de la Ley de Patrimonio de Euskadi, puesto que la ley exige la autorización previa para tramitar este expediente. Y el expediente se emitió como todos sabemos hace ya casi un año, es decir, que esta autorización debe producirse en un momento concreto del mismo en el que los parlamentarios podamos realizar nuestras propuestas y podamos materializar el derecho subjetivo que nos asiste a participar en este expediente.

Nos decía también el señor consejero que la situación actual de Alokabide y Visesa es insostenible como consecuencia de la desaparición del mercado financiero y que la mejor solución consiste en buscar un comprador para las viviendas destinadas al alquiler construidas o en fase de construcción por Visesa fundamentalmente.

Nosotros entendemos que hay otras formas de actuar en esta materia de modo que nos permita seguir promoviendo viviendas en alquiler sin necesidad de desprenderse de este importante patrimonio público, sin necesidad de privatizar las 3.000 viviendas.

A nosotros nos parece que mediante esta actuación se trata de configurar un recurso extrapresupuestario de unos 300 millones de euros aproximadamente, retorciendo para ello la normativa de protección y la normativa patrimonial de Euskadi.

Se trata de hacer caja hoy y dejar deuda para los siguientes 20 años. De obtener como digo un recurso extra presupuestario para continuar sin tomar decisiones de fondo. De utilizar un recurso para un fin desconocido, puesto que el producto de esta venta debiera destinarse precisamente a construir más viviendas sociales, pero sin embargo se privatizan sin que se especifique su destino.

Y llegado este punto, sería bueno que el Gobierno fuese coherente o que se aclarasen algunas de sus manifestaciones. En su última arremetida contra Confebask la portavoz del Gobierno, la señora Mendia, ha manifestado que no comparten las recetas para combatir la crisis que pasa por la privatización de los servicios públicos.

Supongo que el señor consejero de vivienda, la señora portavoz, o bien no forman parte del mismo gobierno, o no se hablan entre ellos o quizás alguno de ellos no sea socialista, no lo sabemos. Finalmente, respecto a la posible celebración del contrato con una empresa erradicada en un paraíso fiscal, el consejero nos remitió al anexo octavo del pliego de condiciones económico-administrativo particulares, por el que se exige al adjudicatario la obligación de constituir una sociedad con domicilio fiscal en Euskadi que será con quien suscriba este contrato.

El Gobierno pretende despistarnos con este error cometido en su propia documentación, error que creemos será involuntario y que a nuestro juicio carece de fuerza –como digo– para obligar al adjudicatario, al posible adjudicatario de este contrato.

Respecto de los impuestos del IVA por las operaciones realizadas y del Impuesto de Sociedades, señalar respecto del primero que la empresa radicada en Euskadi se va a dedicar a nuestro juicio a tramitar lasfacturas elaboradas en las Islas Vírgenes.

Y respecto del Impuesto de Sociedades, también indicar que el control de las deducciones de la base imponible correspondiente a los pagos de la casa central de las Islas Vírgenes con el establecimiento radicado en Euskadi son de muy difícil control para los servicios de inspección, por lo que las cantidades a recaudar en Euskadi por estos conceptos previsiblemente van a ser insignificantes.

Y no digamos nada ya si esta empresa domicilia su establecimiento en alguna parte de España, puesto que aunque tenga que abrir otro en Euskadi, va a tributar conforme a la normativa estatal.

Pero al Gobierno parece que esto no le importa nada. No le salen los colores por celebrar un contrato con unos defraudadores profesionales. El Gobierno no está dando un buen ejemplo a los ciudadanos de Euskadi en las actuaciones de prevención del fraude.

Por todas estas razones, entendemos que la actuación pretendida por el Gobierno es una actuación ilegal, y la legalidad como todos ustedes saben es la base de la democracia.

Se trata también de un fraude social a nuestro juicio por cuanto a los recursos obtenidos no se destinan a la finalidad para la que fueron creados y se trata finalmente, si se me permite la expresión: de una actuación inmoral por legitimar desde el Gobierno operaciones de blanqueo de dinero.

Norberto Aldaiturriaga

Parlamentario de EAJ-PNV